De la guerra y la paz en Colombia

De la Guerra y la Paz en Colombia

Autor: Luis Eduardo Sierra S.

Nota de ARIEL. El presente artículo responde exclusivamente al criterio de su autor.

Antecedentes:

Desde la conquista de Colombia por el Imperio español, a inicios del Siglo XVI, la historia Colombiana ha estado teñida de rojo. A partir de 1819, cuando se produce la independencia de Colombia de España, se generan guerras civiles intestinas que culminan con la Guerra de los Mil días (1899-1902). Desde entonces y hasta 1946 Colombia vivió en una relativa calma, año a partir del cual se recrudece la lucha bipartidista entre liberales y conservadores, dando lugar, entre las décadas de los 40´s y los 50´s, a la denominada época de “La Violencia”. Sus raíces se encuentran ancladas en la Nueva Granada, cuando se da el proceso de independización de España y afloran intensamente las pugnas por el modelo de país que se quería. La guerra entre Liberales y Consevadores termina con una coalición política y electoral entre ambos partidos con la creación del Frente Nacional, que tendría una vigencia de 16 años (1958-1974), gracias al cual se rotarían el poder y sus prebendas ambos partidos cada cuatro años, quedando excluidas todas las demás vertientes políticas.

De este escenario se deriva, desde la década de los 60´s, el conflicto armado interno colombiano entre guerrillas de extrema izquierda y gobierno. Las causas más sobresalientes se atribuyen a la hegemonía exclusivista enmarcada en el Frente Nacional, la posesión de la tierra, la distribución inequitativa de las riquezas, la debilidad del estado, y el esparcimiento de las ideas comunistas en ese entonces por todo el orbe. Producto de todo ello, y desde el sector campesino en el sur del Tolima en Colombia, bajo un andamiaje de fuerza defensiva, que dio proyección concreta a la noción político-militar de autodefensa armada (comunista en este caso), se crea en forma oficial en Colombia las autoproclamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC-EP), de corte marxista-leninista, en el año 1964, hace ya 52 años, lo que la convierte en la guerrilla más vieja del mundo. Un año más tarde se crea el Ejército de Liberación Nacional (ELN); en 1967 el Ejército Popular de Liberación (EPL); en 1974 el M-19 y en 1984 el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL). En 1987 EPL, FARC, ELN, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento Armado Quintín Lame constituyen la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) con el objeto de coordinar las acciones armadas y las futuras negociaciones de paz, con un accionar que reflejó no obstante la división marcada entre ellos mismos, quedando abortada esta etapa en el año 1991.

Diálogos, Acuerdos y Desacuerdos entre Gobierno y Guerrillas

En 1984, bajo el rótulo de “Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz”, FARC y el Gobierno de Belisario Betancourt firman los fallidos Acuerdos de la Uribe. Para esta época, dentro de los lineamientos de la combinación de las formas de lucha, las FARC conforman la Unión Patriótica (UP) como partido político. El Partido Comunista se integraría a la Unión Patriótica, a la cual se estima que le asesinaron más de 3000 militantes por alianzas entre paramilitares, narcos, policías y miembros del ejército colombiano. La Sección Tercera del Consejo de Estado aseveró en ese entonces, como era de esperarse, que no tenían evidencia alguna sobre la participación de la fuerza pública en estos homicidios. El trabajo sucio, ciertamente, no fue ejercido abiertamente por la fuerza pública.

En 1990, el gobierno de Cesar Gaviria ataca Casa Verde, el campamento madre, sede del Secretariado Nacional de las FARC, en respuesta al fracaso de las negociaciones con este grupo y al rompimiento de una tregua de tres años. Simultáneamente logra acuerdos con otros grupos distintos a las FARC, que desembocarían en la desmovilización del EPL, el ERP, el Movimiento Armado Quintín Lame y el M-19 (Acuerdos de Corinto). En 1991 se reinicia el diálogo entre lo poco que quedaba de la Coordinadora Guerrillera y el gobierno en Caracas, Venezuela, y luego en Tlaxcala en México, proceso que se rompió dos años después al no llegarse a un acuerdo.

Ante la ausencia del estado para actuar dónde se requería y era obligatoria su presencia activa, no solo con la participación del ejercito sino además con inversiones sociales, y producto de los atropellos de la guerrilla contra la población civil y el sector económico generador del empleo, se crean a finales de los 90´s las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), violenta organización paramilitar destinada a contrarrestar a la guerrilla y que derivó en el asesinato de muchos militantes de izquierda. A la violencia generada por guerrillas y paramilitares hay que agregarle la ocasionada por los nefastos carteles de la droga, amén de los múltiples grupos de delincuentes encasillados hoy como BACRIM (bandas criminales). Con el transcurrir del tiempo, unos y otros se confunden, bajo un denominador común que los nutre y permea a todos hasta la médula, el negocio del narcotráfico, el gran financiador y soporte de la violencia en sus múltiples expresiones, situación que por cierto no es exclusiva a Colombia.

Ante el desgreño de la nación, el Presidente Cesar Gaviria se ingenia y fomenta en su gobierno las Asociaciones de Vigilancia denominadas CONVIVIR, quedando en manos del gobierno, como era desde luego su obligación constitucional, vigilarlas y controlarlas, a fin de que no se salieran de cauce y para que contribuyesen al mantenimiento del orden y la convivencia ciudadana. Los desmanes de las CONVIVIR las llevó a que se les cancelase la personería jurídica, pero mucho después de que hubiesen corrido ríos de sangre por todo el territorio. Esta es una deuda pendiente de los gobernantes de turno con toda la sociedad, que involucra, además de Gaviria y su equipo de gobierno, a Ernesto Samper como Presidente desde 1994 y a Horacio Serpa como su Ministro de Gobierno. A todos les cabe su grado de responsabilidad en esta salida de madre de las CONVIVIR, por negligencia u omisión y por el hecho de no haber cumplido el mandato constitucional que le obligaba a la defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. ¿Comparecerán todos ellos ante el Tribunal Especial para la Paz creado exprofeso en el acuerdo de la Habana?

Entre 1998 y 2002, gracias a acuerdos con el gobierno del recién elegido presidente Andrés Pastrana, y con el fin de llevar a cabo un proceso de paz con las FARC, se crea una zona de distensión, desmilitarizada, con una extensión de 40.000 km^2, aproximadamente, del tamaño de Dinamarca. A las FARC se les otorga múltiples gabelas, terminando acusadas de excesos y violaciones a los Derechos Humanos en esta zona durante su permanencia. Las FARC, en vez de disminuir su belicismo ante la oportunidad que se le presentaba para llegar a un acuerdo negociado, arreció con un sinnúmero de actos terroristas a todo lo largo del país que traspasó fronteras, se fortaleció militarmente en todos sus frentes, fortaleció su ya creciente negocio del narcotráfico, incrementó el reclutamiento de niños desde los 10 años de edad, multiplicó los secuestros, las extorsiones, las vacunas en dinero y especie (campesinos humildes que tenían que entregar sus hijos como aporte), el cobro de los denominados impuestos de guerra, las llamadas pescas milagrosas (retenes con fines extorsivos y de secuestro en las carreteras), los burros bomba, los collares bomba, las bicicletas bomba, voladuras de puentes, bombardeos y ataques con cilindros de gas indiscriminados, siembra de minas antipersona, toma de pueblos y rehenes, reclutamiento de civiles, un muy largo accionar de crímenes y barbarie que enluta aún más el historial ya luctuoso de este país. Ante tales acontecimientos, el Presidente Pastrana declaró rotos los diálogos y arreció la lucha contra las FARC.

Entre los años 2003 a 2012 (bajo los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), con unas FARC literalmente odiadas por el pueblo colombiano si nos atenemos a las encuestas de opinión, y calificadas por la comunidad internacional como NARCOTERRORISTAS, con circulares rojas expedidas por INTERPOL, Uribe pone en ejecución su programa de Seguridad Democrática que le prometía al pueblo liberarlo del flagelo guerrillero y que le llevó al poder. En su gobierno debilita completamente a las guerrillas obligándolas a adentrarse en lo profundo de la manigua, logra la desmovilización de muchos de sus integrantes a la par que se desmovilizaban unos 35.000 paramilitares. Los atentados desaparecen de los titulares de los medios de comunicación y los líderes guerrilleros pasan al ostracismo. Resultado de ello fue una caída ostensible en todos los índices de criminalidad y el retorno a la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas nacionales y extranjeros.

Llega a la presidencia Juan Manuel Santos en agosto de 2010, de la mano de Álvaro Uribe que seguía gozando de una amplia favorabilidad en la población y con la promesa de darle continuidad a la misma plataforma de gobierno. Una vez elegido, desde el inicio mismo de su mandato, Santos da un giro progresivo en sus posturas que se fue acentuando y radicalizando con el paso del tiempo, y muy especialmente en todo lo relacionado con el conflicto con las FARC y la izquierda latinoamericana, en especial con Venezuela. El Partido de la U, que era el de Uribe, queda bajo el paraguas de Santos. Desplazados Uribe y sus copartidarios de la U, crean el partido Centro Democrático, que se declara en franca y abierta oposición a las políticas del presidente. Santos aglutina a la U y al resto de partidos en una Mesa de Unidad Nacional, logrando así los consensos requeridos en la toma de decisiones en las tres ramas del poder, apoyado para tal fin en el reparto burocrático y la denominada por sus oponentes “mermelada”, prebendas económicas con recursos provenientes del erario público. Valga decir que esta ha sido una práctica ejercida por todos los gobernantes de turno en este país a lo largo de su historia, en mayor o menor proporción. Con el Presidente Santos se resalta este hecho porque cobra una dimensión desproporcionada, recibe a un país en pleno crecimiento y con una abultada billetera compra favores a diestra y siniestra, alineando a la gran mayoría de políticos y a la casi totalidad de los medios de comunicación, el cuarto poder. Por este medio Santos logró hacerse reelegir para un segundo período presidencial, en medio de una campaña sumamente cuestionada dependiendo del punto de vista con que se le mire. Por todo esto, en las encuestas de opinión de los últimos años, se refleja cada vez más y más el desprestigio de la clase política dirigente por el cáncer de la corrupción rampante que la corroe hasta el tuétano. La percepción de los colombianos es que el principal problema que tienen no es la guerrilla sino la CORRUPCION.

Las negociaciones actuales entre las FARC-EP y el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.

En el año 2012 Santos inicia diálogos de paz en la Habana con las FARC-EP. El 24 de agosto de 2016, poco menos de cuatro años después, ante los medios noticiosos del mundo, es presentado el documento de 297 páginas intitulado “ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACION DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA”, que recoge los puntos acordados en la negociación entre el equipo negociador del gobierno y las FARC-EP, una negociación manejada de forma exclusiva y excluyente por Santos y su equipo, y que para su entrada en vigor precisaba ser sometido a la voluntad popular y aprobado mediante el voto a través de un plebiscito.

La obsesión de Santos a todo lo largo de sus dos períodos presidenciales se enmarcó en las negociaciones con una desvencijada guerrilla de las FARC, las sacó de lo profundo de la selva y les otorgó de nuevo roles protagónicos de primer orden en los medios noticiosos de Colombia y del mundo. La bandera de la paz se constituyó en su insignia, entendida como la firma de un acuerdo que trajese paz (no la paz, como se pretendió vender a la opinión) a esté atribulado país. Con el ELN las negociaciones, a la fecha, están estancadas porque no quieren liberar a los secuestrados sin pago de por medio del rescate.

A pesar del giro total asumido por Santos con respecto a lo prometido en su campaña electoral a sus votantes, hasta acá la finalidad de Santos es plausible, en cierta medida, si le mira sin suspicacias y bajo el supuesto de que lo que persigue es un deseo auténtico de una sociedad incluyente y conciliadora en la que quepan todas las tendencias con el monopolio de las armas por parte del estado. El problema con Santos no ha sido la finalidad sino la forma como ha pretendido lograrla, y lo que es peor aún, haciendo la paz con los que estaban alzados en guerra y haciendo la guerra a quienes no estaban de acuerdo con sus enfoques de paz. A medida que avanzaba en sus gestos de paz hacia la guerrilla, se encarnizaba en una cruenta lucha contra sus opositores, combatiéndolos y desprestigiándolos con cuantas armas y mecanismos tuviese a la mano, mediante campañas desinformativas, articulando y aceitando toda la maquinaria estatal para sus fines, con un aparato judicial y legislativo plegado a sus propósitos, incluido un fiscal general de bolsillo dedicado a la cacería de brujas. Mediante artimañas fueron llevados a la cárcel connotados participantes del partido opositor Centro Democrático que después de varios años no han recibido condena, a otros se les siguen procesos acusatorios extra muros con marcado tinte político, otros han sido puestos en libertad por falta de pruebas o juicios amañados con demostrados falsos testigos, además de poner en estampida a otros más que huyeron del país alegando falta de garantías procesales, dentro de ellos al antiguo comisionado de paz del gobierno de Uribe.

Habiendo sido llevado a la Presidencia por el caudal electoral de Álvaro Uribe, y con una inmensa favorabilidad en los inicios de su gobierno del 82%, contra el 24% reciente, que otras encuestas sitúan en el 13%, Santos ha conseguido la más baja popularidad de los mandatarios del continente y de la historia de Colombia. NO obstante, en el exterior, su imagen como gestor de paz está por las nubes. Con la guerrilla guante de seda, garrote con los opositores, y un manejo excluyente al tema de la paz, oídos sordos a todo lo que estuviese en desacuerdo con su postura y estrategia. Convirtió a su mejor amigo, su Presidente, jefe y elector Álvaro Uribe, a quien en tantísimas veces ponderó con los mejores epítetos, en su mayor enemigo, y a su mayor enemigo el Presidente Chávez de Venezuela en su nuevo mejor amigo, acorde con sus propias palabras.

Si algún proceso está llamado a servir como elemento aglutinante en cualquier parte del mundo, genuino punto de convergencia y entendimiento, este debiese ser el concerniente a la PAZ y a los acuerdos que se puedan derivar en torno a ella. No es el caso colombiano. La PAZ termino politizada, manoseada y desfigurada, y por ello, mientras más se habla de paz, más se hace la guerra, mediante la controversia y el extremismo que se genera entre las distintas facciones. A la Paz no se debe pretender arribar a través del miedo. Este proceso se ha generado por el miedo, bajo el miedo, y amenazando con más miedo, y el miedo, bien lo sabemos por el adagio popular, es un pésimo consejero. No es éste el tipo de pedagogía, ni el mecanismo, que conduzca y desemboque precisamente en la PAZ que todos queremos.

Los que estaban a favor de la paz (Voto por el SI en el plebiscito) tildaban a los que estaban por el NO de guerreristas y paracos. Los que estaban por el NO aducían que no estaban a favor de la guerra, pero que tampoco estaban de acuerdo con lo negociado en la Habana por considerar que contribuía más a la guerra que a la paz, tildando a sus opositores de arrodillados, entreguistas, despistados o guerrilleros. Algunos aseguran que el Presidente Santos es el comandante Santiago de las FARC, enseñando fotos argumentadas de sus acercamientos juveniles con miembros de esta agrupación y connotados comunistas. Uribe fue quien desmanteló a los paramilitares, llevó a la cárcel a sus cabecillas y extraditó a quienes no se acogieron a la legalidad, y sin embargo su principal mote por quienes le combaten es el de paraco. Ningún comandante paramilitar habla bien de Uribe. Santos, como ministro de defensa de Uribe, fue el que más duro castigó a la guerrilla, no obstante se le tilda de comandante de las FARC. Campañas desinformativas surgieron de parte y parte, poniendo a personajes reconocidos por la opinión pública a favor o en contra del plebiscito, resultando falsas sus declaraciones.

Se alcanzó un grado tal de polarización, atizado torpemente por la cúpula gobiernista, está tan dividido y enfrentado el país con el acuerdo logrado en la Habana y es tal el resentimiento y la confusión en la sociedad de parte y parte que hay quienes se declaraban a favor de las gestiones de Santos con las FARC simplemente para estar en contra de Uribe, y viceversa, independientemente de las razones que les puedan asistir. Cuando esto no era suficiente, se acudía a lo grotesco y riiculizante, argucias iban y venían, posiciones exacerbadas, extremistas, irreflexivas. En medio de semejante maremagnum la gran vituperada, manipulada y damnificada ha sido la paz misma. En las redes sociales como Facebook y Whatsapp pululan las caricaturas de todos los pelambres en medio del desborde emocional. No se puede observar el fondo y la limpidez del agua cuando son agitadas tan desaforadamente en medio del lodazal. Santos logró pactar el Acuerdo con las FARC a la vez que dividió por completo a la sociedad colombiana, no quiso escuchar a los opositores ni les tuvieron en cuenta para las negociaciones porque ya tenían definido lo que negociarían y el cómo. Dentro del mismo seno de cada familia hay opiniones totalmente opuestas, el país terminó convertido en una colcha de retazos.

Entre la desconfianza, incertidumbre e indignación que genera en buena parte de la sociedad el acuerdo logrado por FARC y gobierno cabe destacar algunos puntos, sin que por ello se pretenda defender aquí una u otra posición. Los hechos son los hechos y hablan por sí mismos:

Las FARC, en todos los procesos de negociación, y sobre todo en las tres últimas décadas de su existencia, hasta ahora, ha mentido sistemáticamente, abiertamente, descaradamente, cínicamente, sin soslayos ni el más mínimo asomo de sonrojo ante los lentes televisivos, pregonando una cosa y haciendo exactamente lo contrario. El gran interrogante que irrumpía era: ¿Se volvieron fidedignos de un momento a otro? ¿En medio de unos acuerdos calzados a la medida de las FARC, les animaba esta vez una verdadera disposición de paz ante tan inigualable oportunidad?. En ello cifraron sus esperanzas los que concurrieron con el voto afirmativo en el plebiscito.

Ahora bien, en gracia a la justeza, hay que reconocer que la generalidad de la clase política dirigente no ha hecho tampoco cosa distinta a lo que se le critica a las FARC en este sentido. Es más, a las FARC hay que abonarles que nunca han cambiado su discurso, siempre han sido mentirosas y engañadoras, pero sin perder su norte y su posición extremista y de rancio comunismo. En cambio, si se tomasen los registros archivados por los medios de comunicación, y se hiciese un comparativo entre lo que se dijo en un momento dado y lo que se expresó días, semanas o meses después, encontraremos volteretas y giros y más giros de 180 grados en las declaraciones de nuestros políticos de turno, con el Presidente Santos a la cabeza. Los hechos son los hechos, y están debidamente registrados, independientemente de los colores y las banderas. Salvo honradas y escasísimas excepciones, la gran generalidad de los políticos son mentirosos profesionales compulsivos que cambian de plataforma según la conveniencia del momento.

Desanima que en las FARC campea hoy la misma arrogancia, prepotencia y desprecio de siempre con ligeros cambios en los últimos días en sus posturas. Hasta el día de la firma del Acuerdo afirmaban sin desparpajo que no habían cometido ningún crimen ni atrocidad alguna, y lo asentaban con tal desfachatez que no sería raro que hasta se lo creyesen. Las masacres perpetradas las clasificaban simplemente como acciones propias de la dinámica de la guerra, así estuviesen revestidas de crímenes de lesa humanidad. Reiteradamente el fin justificaba los medios. No aspiraban por ende a pedir ningún perdón de parte de la sociedad y ni siquiera de las víctimas más directas, porque no había nada que perdonarles ni de que arrepentirse. Pretenden fungir como los Robin Hood de este pedazo de tierra llamado Colombia. Bien por el contrario, demandan más bien ser las victimas, no los victimarios y como tal resarcírseles, lo cual de hecho se les estaba otorgando con el acuerdo firmado. El día final de la firma del acuerdo, ante noticieros de todo el mundo, por vez primera pidieron perdón públicamente. ¿Les animaba un deseo sincero de reconciliación o era parte del libreto que debían seguir en esta trágica comedia ante la comunidad internacional. Los principales países del mundo desarrollado, con la doble moral que caracteriza a sus gobernantes, aplaudieron el Acuerdo y prometieron sacar de la lista de terroristas a las FARC. Hacia el interior de estos mismos países, quienes actúen como terroristas son tratados como la peor peste, se les aplican los mayores castigos y condenas y no se les brinda consideración alguna.
El historial de mentiras e hipocresía de las FARC, jugando siempre con cartas bajo la mesa, ha generado enormes dudas a muchos de que entreguen todas las armas, como lo establece el acuerdo firmado, y que este acuerdo no constituyese una farsa más, una pantomima. Para algunos se daría un mero cambio de brazalete, como parece estar sucediendo ya en el Meta con el ELN. El principal inconveniente acá es que las FARC no han desarmado sus corazones, todo lo cual se evidencia con lo que dicen y hacen, sin desconocer que esta vez el cese al fuego y a las hostilidades se ha dado de forma seria y continua. El desarme de los cuerpos debe estar inspirado en el desarme de los corazones, para que sea genuino y enaltecedor.
En Colombia todos saben, demasiado bien, y muy a su pesar porque lo han sufrido en carne propia, los imperios económicos y las expresiones de fuerza y poder derivadas del nefasto negocio del narcotráfico, que apoltronó políticos en el parlamento, en los municipios, en las alcaldías y las gobernaciones, y en la mismísima presidencia de la república, como fue el sonado caso de Ernesto Samper en 1994, famoso por el elefante que se le metió en la sala sin que se diera cuenta, que alude a la avalancha de dólares del narcotráfico que le entró a su campaña política y que lo llevó a la Presidencia de la República, de cuyo juicio político salió librado a pesar del sinnúmero de evidencias. ¿Por qué extrañarnos entonces hoy si la guerrilla, al amparo de las riquezas generadas por el mismo narcotráfico, pretende emular a los que le precedieron en el negocio y a sus contradictores en la arena política y armada, arañando porciones generosas del ponqué burocrático y aspirando a las máximas dignidades, incluida la presidencia misma?.
Las FARC constituyen hoy el mayor cartel de cocaína en el mundo. Sin narcotráfico la guerrilla habría desaparecido hace mucho tiempo, al igual que los grupos paramilitares y de delincuentes que se nutren de los dólares malditos aportados por el apetito voraz e insaciable de los consumidores en los países desarrollados, constituyéndose de paso en los sostenes de estas pugnas fratricidas y como tal en deuda histórica con estas naciones. Con su desbordado consumo y enorme capacidad de compra, los narco adictos han sido los principales financiadores de la violencia en Colombia y en otras partes del mundo. Y qué decir de los consumidores colombianos, que con su vicio han contribuido a su vez con sus óbolos a atizar la candente hoguera.

Las FARC constituyen una gigante multinacional de tráfico de narcóticos, con gigantescos ingresos, mucho mayores que los obtenidos por los Pablo Escobar, los Rodríguez Gacha, los Rodríguez Orejuela, por mencionar tres ejemplos emblemáticos. Basta considerar el incremento en los precios de la droga, el aumento en las áreas de cultivo de coca que llevó de nuevo a Colombia a la primera posición como productor mundial de coca: de 170.000 has se pasó en el gobierno de Uribe a 47.000; hoy se habla de 200.000 has. Súmesele a lo anterior la devaluación del peso frente al dólar, además de que su recaudo se encuentra hoy concentrando en muy pocas manos. Cuando las FARC no cobran por las ventas directas, lo hacen por la vigilancia de los cultivos o en cualquiera de los eslabones de la cadena, aprovechándose además de gobiernos cómplices como el de Venezuela que le facilita rutas y operatividad. Su incalculable fortuna está cifrada en miles de millones de dólares. Forbes la ubica como la tercera organización terrorista más rica del planeta, lo que le valió amenazas por parte de las FARC. No obstante, los voceros de las FARC, afirman voz en cuello que no tienen recursos para reparar a las víctimas y aseguran que están en la inopia y que requieren de las arcas del estado para poder subsistir. Poco falta para que acudan al aporte bondadoso de las hermanitas de la caridad mediante la venta de empanadas al frente de cualquier bazar de iglesia. Como es de esperar, esta actitud genera indignación en la población y descrédito para la guerrilla, convirtiéndose en uno de los sapos gigantes que tenían que tragarse los colombianos con la aprobación del plebiscito. ¿Si hace un tiempo los dólares de la droga permitieron la elección de Samper como Presidente, que argumento en contra pueden esgrimirse para que las FARC no lo hagan en el mediano plazo con las inmensas riquezas que posee?

¿Desistirán las FARC de las extorsiones y el secuestro como fuente de financiación futura, renunciarán a las inmensas riquezas que les genera el negocio del narcotráfico, entregarán rutas, laboratorios y toda la logística inherente al negocio más lucrativo del mundo dentro de las actividades criminales, de acuerdo con la ONU que estima que mueve más de 320.000 millones anuales?. ¿Seguirán acudiendo a los testaferros o fórmulas más ingeniosas para seguir llevando a cabo esta perversa actividad? Con el Acuerdo de la Habana se aceptaba que el delito del narcotráfico cometido por las FARC se llevó a cabo en función de la rebelión, con lo cual se le daba carácter político, gracias a lo cual no tendrían que rendir cuentas al respecto y se les quitaba el sello de narcoterrorista.

A lo mejor, con unos líderes envejecidos y maltrechos por las penurias y las correrías montunas bajo los bombardeos del ejército, en medio de las especiales condiciones adversas de la selva, y habiendo conseguido en la mesa de negociación lo que no lograron en el transcurso de más de 50 años de lucha armada, la senilidad les esté aportando la lucidez que no le permitieron los bríos en los años mozos para actuar con mayor inteligencia y menos fuerza bruta, y aspiren hoy a retirarse a sus cuarteles de invierno a disfrutar apaciblemente de sus riquezas, sin pagar un solo día de cárcel, en el mejor de los casos sembrando verduras y dando cátedra en torno a la cartilla de urbanidad de Carreño como contraprestación por la condena. A los líderes se pretendía darles curules en el Congreso como pena de cárcel. De otra parte, el abultado abdomen que exhiben los negociadores de las FARC por los no menos de 4 años de sedentarismo en Cuba, no les permite tampoco la presteza para un retorno a las exigentes condiciones del monte. En todo caso, la Reparación con que se pretendía adornar este proceso brillaba por su ausencia, y sería el pueblo colombiano quien pagaría la Factura. Queda la sensación y frustración en la población de que en Colombia ser pillo paga y que mientras más pillo mejor la paga.

El otro sapo descomunal que tenían que tragarse los colombianos fue el de la elegibilidad política, a la cual aspiraban los grandes jerarcas de las FARC, a pesar de que esté expresamente prohibido por la constitución para actores incursos en sentencias privativas de la libertad, particularmente en lo señalado en el Cap. VI, Art. 179. Los acuerdos logrados en la Habana serian insertados en la Constitución Política de Colombia, por encima de la mismísima constitución. Los negociadores de la Habana, incluidos los representantes de la guerrilla, quedarían revestidos con poderes constitucionales.
Otro de los puntos que mayor escozor provocó entre los partidarios del No es que no hubiese penas privativas de la libertad por delitos de lesa humanidad. Tomemos el ejemplo de Iván Márquez, el jefe negociador por las FARC en la Habana. Ha sido condenado 28 veces por crímenes de lesa humanidad. La suma de estas condenas le tomaría más de 500 a 700 años de cárcel. Necesitaría varias reencarnaciones para purgar su condena. Actualmente tiene 198 órdenes de captura y circular roja de la INTERPOL. El Acuerdo de la Habana lavaba todos sus crímenes y muy seguramente no pagaría un día efectivo de cárcel.

El anterior, además, era un punto que tendría que pasar por el filtro de la Corte Penal Internacional quien ya ha hecho pronunciamientos al respecto, que cada quien interpreta a su favor. El acuerdo contemplaba la creación de un Tribunal Especial para la Paz, caso inédito en la historia colombiana que suplantaba la justicia ordinaria, bastante ordinaria por cierto, y que aunque se diga que cojea pero llega, la verdad es que es tetrapléjica y de visión sesgada. A muchos empresarios y líderes les generaba muchas inquietudes este tribunal, entre otras cosas porque en Colombia operan fábricas de testigos falsos extraídos del lumpen de la sociedad, que a cambio de disminución en las penas o libertad, protección, cambio de identidad e incluso de nacionalidad, denuncian hasta a su propia madre con el fin de alcanzar sus objetivos. La clase empresarial no se manifestó abiertamente sobre el Acuerdo de la Habana porque le causaba pánico las represalias que pudiera tomar el gobierno contra ellos. A la vez que los crímenes de las FARC quedaban bajo amnistía, se creaba la Unidad Especial de Investigación” para ir tras hechos considerados como paramilitarismo. Las FARC iban a asumir con sus representantes como jueces, quedando la justicia colombiana y el congreso inerme.

Los acuerdos de La Habana tenían que ser aprobados mediante plebiscito, un mecanismo de participación ciudadana que pretendía que fueran todos los colombianos votantes los que aprobasen o rechazasen los acuerdos que se firmaron entre las FARC y el equipo negociador del gobierno y cuya decisión tendría que acoger el gobierno. Mediante argucias políticas se pasó de un referendo, más exigente e idóneo, que era el compromiso asumido por el gobierno para aprobar los acuerdos, sustituyéndolo por el plebiscito. Se rebajó el umbral de votantes a solo el 13% del censo electoral, equivalentes a 4,4 millones, quienes decidirían por la suerte de 47 millones de colombianos. Antes, para este tipo de casos, la ley establecía que se debía lograr el apoyo de la mayoría de los colombianos, o sea del umbral del 50%, casi 17 millones de electores. La Corte Constitucional le otorgó su bendición a este adefesio jurídico.

Nadie ha dicho aún de dónde saldrían los voluminosos recursos para el postconflicto, de modo que no se convirtiese en generador de un nuevo conflicto. Las FARC quedaban exoneradas de pagos futuros gracias al Acuerdo. No tendrán que pagarle prestaciones sociales, liquidación ni indemnizaciones a sus excombatientes que nunca cotizaron para una pensión. La remuneración de los excombatientes, seguridad social y pensión sería asumida por dos años por el tesoro del estado. Se destinarían 7 mil millones para pagarle a los combatientes de la guerrilla y cada comandante gozaría de un sueldo especial. Los del secretariado recibirían los mismos estipendios que los congresistas. Hasta el 2026 recibirían anualmente un 10% de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de su partido político, y hasta el 2022 el 5% para difusión y divulgación, ideológica y programática, según dice el acuerdo, y acceso a espacios y medios de comunicación.

Sus campañas presidenciales y al senado serían financiadas también hasta el año 2022, con diez curules como mínimo aseguradas, 5 para el senado y 5 para la cámara, independientemente del resultado de las elecciones y 16 curules indirectas de circunscripción de paz. El Acuerdo contemplaba que el Gobierno debería impulsar reformas constitucionales para garantizar que las FARC tuviesen representación directa y automática en el Congreso a partir del 20 de julio de 2018. Aprobado el Plebiscito el Secretariado de las FARC tendría acceso al congreso con sueldo, con voz y sin voto. Algunos afirman que en la práctica se venía un cogobierno de las FARC y el Estado, amparados en la implementación del Acuerdo (Véase el “Plan Cuatrienal para la Implementación de los Acuerdos”). Se creaba además la Unidad de Protección Especial para los desmovilizados, con carros blindados y armas brindadas por el estado y manipuladas seguramente por los mismos “excombatientes”. Se creaba un Banco de Tierras de distribución gratuita que en los primeros 10 años dispondría de 3 millones de hectáreas. No se mencionaba para nada en el Acuerdo las tierras apropiadas por la fuerza, invadidas, despojadas y en poder de las FARC.

Todo lo anterior independientemente de las ayudas internacionales que les llegasen, las contribuciones del sector privado, fundaciones, organismos multilaterales y más de una ONG que debía estar haciendo fila en Noruega. ¿En qué se va a gastar las FARC los cientos de millones de dólares que tienen acumulados hoy? Es una pregunta que hay que muchos se formulaban. Aparte de esto, y por costoso que resultase todo este proceso para los colombianos, es válido el argumento de que es mucho más costosa la guerra que la paz, medido no solo en recursos económicos, pero sobre todo en vidas.

Con un país con indicadores económicos que caen en cascada, con las consecuentes notas a la baja por parte de las calificadoras de riesgo extranjeras y las repercusiones que esto ha ocasionado ya no con el flujo de inversión en el país sino con la huida de empresas y capital extranjero, el país no tiene nada claro su futuro económico. La deuda externa colombiana superó ya el 41,3% del PIB, con la no despreciable suma de 111.820 millones de dólares. El 60% de esta deuda es del sector público y de esos 41,3,% un 11,6% corresponde a endeudamiento conseguido por Santos y el Ministro de Hacienda. Nunca antes en la historia económica de Colombia se había dado un endeudamiento tan excesivo. Con un déficit fiscal de 30,5 billones de pesos para el solo año 2016, déficit en la balanza cambiaria por unas exportaciones que no crecen a pesar de la acelerada y abrupta devaluación del peso, sin la chequera de Ecopetrol, una reforma tributaria que no quieren presentar hasta tanto se votase el plebiscito, y un largo etcétera, todo el mundo sabía que la financiación del postconflicto se daría vía mayor endeudamiento. Al final, sería el pueblo colombiano el paganini del postconflicto.

Cómo en el mito griego de la Caja de Pandora, que al abrirla se desatan todas las calamidades, al final solo queda el último recurso, que brota desde el fondo de la caja: LA ESPERANZA, por eso es lo último que se pierde. Aunque, de hecho, también se llega a perder en muchas ocasiones, ante la crudeza de la realidad. Es que la Esperanza tiene que estar fundamentada en la razón, en la inteligencia, en los esfuerzos bien encaminados y en los corazones que procuran salir adelante sin atropellar a nadie, en los empeños mancomunados. Acuerdos sensatos se pueden alcanzar en medio del desacuerdo y las diferencias.

Dos razones de peso hacían suponer la aprobación del plebiscito por una amplia mayoría: La primera, acabada de mencionar, era LA ESPERANZA de que las FARC estuviesen actuando sinceramente y respetarían unos acuerdos que representaba para ellos el mejor de los escenarios, con lo cual no se lograría la paz, pero si se daría un enorme paso en el sentido correcto. De hecho, muchos estaban hastiados con la negociación y la división que ha generado en el país, por lo cual no querían alargues, renegociaciones, nuevos procesos, optando por un pésimo acuerdo como el firmado a un buen pleito o renegociación futura. La segunda razón es que parecía prácticamente imposible contrarrestar el engranaje de toda la maquinaria pesada que se puso a funcionar por el gobierno a favor del plebiscito en todos los rincones de la patria, autorizando el uso del erario público y las prerrogativas que le otorga el ejercicio del poder. La única bandera que tiene Santos para mostrarle al país y al mundo es el acuerdo firmado, y en su obsesión haría lo que fuese menester para coronar su propósito, como de hecho lo viene haciendo. La oposición quedó reducida a la nada ante tamaña desproporción. La compra del voto en Colombia es práctica rutinaria y no requiere de ingentes recursos. Todos los noticieros estuvieron obligados, por ley, a hacer “pedagogía por la paz”, un sofisma en la orquestada campaña por el SI.

La inmensa mayoría de quienes estaban por el SI en el plebiscito no significaba que estuviesen conformes con lo acordado en la Habana, ni que admirasen a las FARC, ni a Santos y a su equipo. Cuanto querían era ponerle punto final a esta desgastante etapa. De haber ganado el SI, hubiese sido no por Santos ni por las FARC, sino a pesar de Santos y de las FARC. El presidente Santos prometía, gracias al SI, ríos de leche y miel para la república, un escenario de PAZ y abundancia, en una semblanza que superaba con creces al país de las mil maravillas de Alicia, todo lo cual era desde luego un exabrupto. El NO por el plebiscito fue mayoría por diferencia mínima. Las declaraciones de Santos y los negociadores era que si ganaba el NO, significaba la guerra y no habría renegociación, además de haber declarado Santos ante las cámaras de la BBC que renunciaría a la presidencia. Con el triunfo del NO, ha aparecido un nuevo discurso contrario a lo dicho, otro giro de 180 grados, ya están hablando de renegociar y darle cabida a la oposición, más de la mitad de los votantes. Amanecerá y veremos.

Luis Eduardo Sierra

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